Pobreza energética: cuando una multa no es suficiente

Hoy conocíamos la noticia de que la Generalitat de Catalunya ha decidido sancionar con medio millón de euros a Gas Natural Fenosa por la muerte de una anciana de 81 años en Reus el pasado mes de noviembre.

En palabras del secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Joan Aregio, la multa se debe a que el corte de luz llevado a cabo por Gas Natural Fenosa provocó “una alteración social grave, de alarma y desconfianza”. Además, ha señalado que se considera una infracción muy grave ya que la persona afectada pertenecía a un “colectivo, los ancianos, especialmente protegido por el Código de Consumo de Catalunya”.

Aunque la sanción no es firme – la compañía tiene dos meses para recurrir –  es de suponer que debido al escándalo que supuso la muerte de la anciana debido a la pobreza energética la compañía energética acabará pagando el medio millón de euros.

No obstante, desde Vamos Tarragona creemos que una multa no es suficiente. Estas son nuestras razones:

En primer lugar hay que recordar que la situación de precariedad en la que vivía la anciana estaba en conocimiento del Ayuntamiento de Reus desde 2013. Este mismo ayuntamiento, que hace bien poco sancionaba a un compañero de Podemos Tarragona por protestar, hizo caso omiso a las advertencias de los servicios sociales, dejando que durante años la anciana se viera asfixiada por las facturas. A día de hoy el Ayuntamiento de Reus, gobernado por un alcalde que cobra más que un ministro (Carles Pellicer, de Convergencia, tiene un salario de 75.000 euros brutos al año) no se ha responsabilizado de esta muerte ni ha tomado medidas al respecto pese a que fue señalado como uno de los principales responsables.

En segundo lugar, creemos que aunque Gas Natural Fenosa acabe pagando la multa, decenas de miles de familias continuarán en una situación de pobreza energética similar a la de la anciana. La sanción sirve como medida paliativa para un problema mucho mayor que implica la salud y el bienestar de miles de personas. Cada año las compañías eléctricas dejan a miles de familias a oscuras, menores de edad incluidos, y sin poder calentarse o cocinar debido ya que no pueden pagar las facturas. Desgraciadamente ni la dirección de estas empresas ni la administración pública toma medidas al respecto.

Por estas razones creemos que una multa no es suficiente. Desde Vamos Tarragona pedimos que la Generalitat de Catalunya se comprometa a hacer cumplir el artículo 6 la ley 24/2015, la cual implica que las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial.

Además, exigimos que se dote de herramientas y de presupuesto a los órganos competentes para que se aplique un plan de protección social que impida a las empresas energéticas cortar el suministro a personas en riesgo de exclusión social sin un informe previo. Por otra parte, deben garantizarse las ayudas a fondo perdido contempladas en la ley, así como la reducción de la cuantía de las facturas en casos de extrema necesidad.

La pobreza energética tiene solución, las muertes que deja por el camino no. Actuemos.

Vamos!

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